La contención mecánica es una práctica coercitiva extendida en los entornos asistenciales del Estado español. Pese a que no hay información transparente ni existen registros comunes sobre su implementación, sí hay consenso sobre su integración como práctica habitual en los contextos de atención a la salud mental. Aunque la narrativa dominante de los y las profesionales naturaliza y justifica su uso como «inevitable», los organismos internacionales de Derechos Humanos alertan de que, independientemente de su duración, constituye un trato cruel, inhumano y degradante que puede llegar al rango de tortura. El Estado español, habiendo ratificado la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, y en virtud del artículo 93 de su Constitución, está obligado a eliminar y prohibir esta práctica. Conocer experiencias de recursos que brindan cuidados de salud mental libres de contención mecánica puede servir de guía, constituyendo una referencia replicable en nuestro territorio para caminar hacia una atención respetuosa.